La informalidad lastra la economía peruana. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), su persistencia es uno de los tres desafíos estructurales de la política tributaria peruana –los otros son los bajos niveles de presión tributaria y elasticidad tributaria–. La informalidad tiene consecuencias negativas que no suelen ser tomadas en cuenta. Una de ellas, precisa la OCDE, es que las empresas que cumplen sus obligaciones tributarias estarían en desventaja si tienen como competencia a negocios que evaden el pago de impuestos, lo cual puede reducir la disposición de las empresas a declarar y pagar voluntariamente. Es que los altos niveles de evasión, sumados a la presencia generalizada de empresas y trabajadores total o parcialmente informales, contribuyen a generar inequidades y socavar la igualdad de condiciones bajo las que, se supone, deben operar todas las empresas. En suma, la informalidad arremete contra los supuestos básicos de la economía de mercado. La OCDE también mira el otro lado del problema: la pobre calidad del gasto público reduce la disposición de empresas y personas a cumplir sus obligaciones tributarias, pues perciben un desbalance entre los impuestos que pagan y los servicios públicos que el Estado les provee. Este diagnóstico es demoledor, pues la gran mayoría de micro y pequeñas empresas (mypes) no está registrada en la Sunat –el 86.8% en el 2024, según ComexPerú–. Considerando que constituyen el 99.7% del total de empresas en el país, y dan empleo al 45% de la PEA ocupada, se trata de un nivel de informalidad insostenible.
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