Por Luis García Miró Elguera. La confirmación de que acá la extracción de oro ilegal ahora supera a la producción formal y que su valor anual podría alcanzar US$18,000 millones -23% del presupuesto de la República- es un golpe devastador. Confirma que el crimen organizado ha capturado un segmento estratégico del país, desplazando al Estado, subordinando a la economía formal y desbordando todo espacio de control institucional. Esta realidad no solo es económica: es jurídica, sociopolítica y criminal. Y sus consecuencias son de gravedad catastrófica para el Perú. Desde una perspectiva jurídica, es la derrota del Estado de derecho en vastas zonas del territorio nacional. La minería ilegal no es una actividad informal: es una estructura criminal que opera con financiamiento internacional, logística militar, control territorial y redes de corrupción. La magnitud del negocio —que hoy supera a la minería formal— implica que el Estado ya perdió toda capacidad de sancionar, fiscalizar y garantizar el orden público. Porque cuando una economía ilícita supera a la legal, el principio de autoridad se convierte en una ficción. ¡El Perú ha entrado en esa fase!. (Edición sábado).