Por Juan Paredes Castro, periodista. Así la Cámara de Diputados haya dado por agotado su juego político para negarle al gobierno las facultades legislativas solicitadas urgentemente y así el gobierno sepa que no va a poder voltear ese juego mediante las prerrogativas todopoderosas del Senado o de una cuestión de confianza que no calza en el trámite, lo cierto es que ningún poder, ni el Ejecutivo ni el Legislativo, ha puesto en jaque al otro, en estos tensos días de confrontación entre ambos. Lo que sí emergen a la vista, más allá del aparente ritual supuestamente de control y fiscalización del Ejecutivo por Diputados y el Senado, son los desembozados actos de sabotaje y abuso de autoridad de la gruesa facción parlamentaria de Juntos por el Perú (JP) contra las normas previstas para el otorgamiento de servicios vitales en materia de seguridad, infraestructura y sanidad, que comprometen la atención de emergencia de millones de personas. Por importante que sea su poder de votación en Diputados y el Senado, más aún con la complicidad de las tres bancadas que ahora le dan mayoría, JP no va a poder paralizar, en la dimensión que lo deseaba, los planes y acciones del Ejecutivo. Es más probable, sin temor a equivocarnos, que los miembros de este partido, todos integrantes del Congreso, con voz y voto, tendrán que hacerse responsables individuales y en bloque, en el orden político y penal, si hubiera lugar, de los actos de sabotaje y abuso de autoridad cometidos, al negarle al gobierno facultades orientadas a resolver problemas críticos de la población peruana.