Como pocas veces, el intento de un nuevo gobierno por combatir la criminalidad organizada enfrenta oposición no solo en el Congreso, sino también en el Poder Judicial. Juntos por el Perú (JP), encabezado por Roberto Sánchez, cumple el primer papel, mientras Janet Tello apela a una supuesta autonomía para justificar tantos juicios eternos a militares y policías. El plazo reglamentario de quince días hábiles para la delegación de facultades al Ejecutivo venció el 22 de septiembre; y la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, presidida por Giannina Avendaño (Juntos por el Perú), se dedica a realizar conversatorios en vez de presentar un dictamen. El Ejecutivo solicita facultades para legislar durante 120 días en materia de seguridad ciudadana, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, simplificación administrativa y prevención frente al fenómeno El Niño, entre otros asuntos. Frente a la gravedad de la inseguridad y a la necesidad de prevenir los efectos de eventuales emergencias climáticas, incluso sectores que cuestionan la amplitud del pedido han planteado concentrar la delegación en seguridad ciudadana y medidas frente al fenómeno El Niño. Ocho de las doce comisiones consultadas se pronunciaron contra el pedido del Ejecutivo. La actuación de Juntos por el Perú (JP) adquiere especial relevancia por tratarse de la organización que llevó como candidato presidencial a Roberto Sánchez, derrotado por Fujimori en la segunda vuelta.