La simplificación administrativa o la reducción del exceso de burocracia pública se ha convertido en uno de los grandes pedidos en el país, tanto a nivel de la ciudadanía como de negocios de diferentes tamaños. Durante años, han sido diversos los anuncios de avances relevantes, pero poco lo concretado. El Gobierno de Keiko Fujimori ha mostrado primeras intenciones de abordar esta problemática. En el pedido del Ejecutivo de delegación de facultades legislativas se han considerado iniciativas referidas a la transformación digital, elevar la calidad regulatoria, eliminar barreras burocráticas y también alcanzando el régimen de derechos de tramitación. El Congreso aún no ha decidido si las otorgará. La tramitología en la administración pública no solo presenta un escenario adverso dentro del país, sino que comparado a otros de la región el análisis también es negativo. En este contexto, el estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria (PPU) que compartió con Gestión en exclusiva, presenta una evaluación sobre las principales condiciones y trámites para que comercios puedan operar, puntualmente enfocada en el caso de restaurantes. Esto abarca desde la idea de crear un negocio, que implica la constitución de la sociedad, hasta los últimos permisos relevantes para recibir público. En el caso de Perú, se cuentan hasta nueve principales requisitos y/o autorizaciones para que un negocio pueda iniciar operaciones. Esta cifra es mayor que los seis claves en el caso de Colombia y los siete de Chile.
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