Desde que se anunciaron los resultados parlamentarios en las elecciones de abril, se sabía que quien asumiera la Presidencia de la República en julio no la tendría fácil. El Congreso estaba fraccionado, los márgenes eran justos y cualquier alianza para la gobernabilidad sería complicada de lograr en ambas cámaras. Nada de eso, sin embargo, puede justificar la actitud que ha adoptado Juntos por el Perú (JP) respecto del pedido de facultades del Ejecutivo, liderado por la presidenta Keiko Fujimori. Según destacó el presidente del Senado, Miguel Ángel Torres, durante el foro organizado por El Comercio y América Televisión esta semana, “[el pedido de facultades] está atrapado en una presidencia de una Comisión de Diputados de Juntos por el Perú”. Esta comisión es liderada por la diputada Giannina Avendaño, del grupo de Roberto Sánchez, y ha excedido el plazo legal para dictaminar la propuesta legislativa enviada por el gobierno. Otros grupos parlamentarios se sumaron también a la negativa: de los 12 grupos de trabajo en la Cámara de Diputados, ocho han rechazado el proyecto de delegación de facultades, que contiene 66 medidas. Entre ellos, están comisiones claves como Economía, Energía y Minas, y Justicia. (Edición domingo).