Por Nancy Laos Cáceres, exministra de Trabajo y Promoción del Empleo. La delegación de facultades solicitada por el Poder Ejecutivo en materia laboral ha puesto nuevamente en agenda la posibilidad de emprender una reforma laboral seria, moderna y sostenible. No sólo lo justifica la alta tasa de informalidad que supera el 70%, sino porque nuestro modelo laboral actual no responde hoy a la nueva realidad productiva ni al impacto de la digitalización en el mundo del trabajo, que trae automatización, trabajo híbrido, economía de plataformas y empleos más tecnológicos. La reforma laboral si es necesaria. Si analizamos el proyecto inicial de delegación de facultades (del 29 de julio) y la última versión presentada por el Gobierno (el 28 de agosto), vemos diferencias importantes. El primer documento planteaba una reforma laboral bastante amplía: Unificar todo el régimen laboral privado en un solo marco único y progresivo; perfeccionar beneficios laborales (CTS, gratificaciones, vacaciones, horas extras, utilidades) con mayor flexibilidad; reducir feriados e incluso regular la extinción de contratos por causas objetivas, permitiendo acuerdos flexibles entre las partes. Asimismo, buscaba integrar la reforma laboral, tributaria y seguridad social con una formalización progresiva. Era una habilitación para rediseñar todo el sistema laboral. En cambio, la versión final es más acotada: busca cambios en el empleo juvenil, en la inspección del trabajo, regular los bonos de productividad no remunerativos, precisar la indemnización para trabajadores de dirección y confianza y optimizar el régimen de feriados. Hay una mención genérica a “fortalecer el marco laboral de la actividad privada, fomentando la formalización e incluyendo la seguridad social, beneficios laborales y la protección contra el despido”; pero su lectura integral sugiere ajustes, incentivos, cambios puntuales, no reformas de fondo.
- [Gestión,Pág. 11] /