Por Luis Miguel Castilla, presidente de Hágase Instituto. El Reinfo vence este 31 de diciembre y todo indica que habrá una sexta prórroga. Si se aprueba sin condiciones, el país repetirá lo que ya conoce. El registro seguirá sirviendo de escudo de impunidad a quienes operan fuera de lo declarado; la brecha entre producción formal y exportación de oro, que ya bordea las 100 toneladas, seguirá creciendo; y los 50,000 registros depurados por no mostrar avance alguno volverán a presionar por su reingreso. Cada prórroga sin exigencias ha reforzado a quienes lucran con la ilegalidad y ha dejado peor parados a los mineros que sí quieren formalizarse. Conviene decirlo con claridad. La MAPE es una actividad económica legítima de la que viven cientos de miles de familias. El problema no está en ellas, sino en un sistema que les cobra por formalizarse y no les ofrece nada a cambio, mientras que las plantas de beneficio y el comercio ilegal capturan la renta. La salida es una prórroga condicionada con cláusula de cierre, que sustituya el registro de personas por uno de operaciones, licencie las plantas de beneficio y cree una entidad que acompañe al pequeño productor. Una prórroga que sea realista en los plazos e irreversible en la dirección. La minería ilegal es uno de los principales flagelos del país y no se resolverá con otra prórroga a ciegas.
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