La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados inició ayer el debate del predictamen que recomienda archivar el pedido de facultades legislativas solicitado por el Gobierno. Tras lo visto en este grupo de trabajo, la iniciativa, presentada el 28 de agosto para legislar durante 120 días en seguridad ciudadana y atención al Fenómeno de El Niño, parece correr el destino de ser sepultada sin siquiera llegar al pleno. La responsabilidad recae, ante todo, en Juntos por el Perú, la bancada que preside la comisión y que ha convertido un trámite administrativo en un ajuste de cuentas político y ha negado posibilidad alguna de otorgar estas facultades, aunque aún falta que se vote. Cabe destacar que a los gobiernos entrantes anteriores -incluidos los de Pedro Castillo y Pedro Pablo Kuczynski- se les otorgaron facultades sin mayor resistencia, pese a las diferencias y cuestionamientos que ya existían en el escenario político. Hoy, en cambio, se le busca negar a un Ejecutivo que apenas comienza, bajo el argumento de que el pedido es demasiado amplio. Lo que corresponde es debatir y acotarlo, pero parece que la oposición busca archivarlo sin más. Con todo, el Gobierno tampoco puede permitirse transmitir el mensaje de que todo depende de estas facultades y de que, sin ellas, no puede mostrar resultados. Ese discurso es funcional a quienes buscan presentarlo como un Ejecutivo paralizado. La tardanza en abrir el diálogo con las bancadas y la ausencia de una estrategia clara para convencer al resto de la oposición también son responsabilidad del oficialismo.