El registro de homicidios por cada 100.000 habitantes en distintos distritos del país, y entre setiembre del 2025 y agosto de este año arroja un resultado más que alarmante en Pataz (La Libertad): 315. Tal cifra representa más del doble de la que se registró en otro distrito, que ocupa el segundo puesto en ese fatídico ránking: Ananea (Puno), donde la tasa de asesinatos medida con el mismo criterio es de 145. Estos territorios y muchos más que siguen en la lista, como Inambari o Laberinto (Madre de Dios), son distritos donde existe minería informal o ilegal. Otros como Unión Asháninka (Cusco) o Zarumilla y Papayal (Tumbes) están asociados al cultivo de la coca o al tráfico de drogas en general. La conclusión es evidente: la prominente presencia de organizaciones criminales en esas zonas explica la violencia que campea en ellas. La respuesta de las autoridades a esa situación ha sido, en muchos casos, declarar la emergencia para permitir, entre otras cosas, que las Fuerzas Armadas participen junto a la Policía Nacional del Perú en el control del orden interno. En Pataz, en particular, ese estado de excepción lleva ya más de dos años vigente; sin embargo, los homicidios continúan al alza. Eso no quiere decir, desde luego, que esa medida no sea necesaria –habría que preguntarse hasta dónde podría haber escalado el número de asesinatos de no haberse decretado la emergencia–. Pero necesario no es lo mismo que suficiente y aquí tenemos un claro ejemplo de ello. Parte del problema, según señaló a este Diario el especialista en economías ilegales Iván Arenas, radica en el hecho de que las autoridades presentes en los lugares en cuestión pueden estar “permeadas por las mismas actividades que deberían combatir”. Es decir, pueden estar infiltradas.