Por Víctor Fuentes, gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE). La exploración es una actividad de alto riesgo: se pueden gastar millones, hacer todo bien y, aun así, no hallar un yacimiento rentable. Esas apuestas son clave para descubrir nuevos depósitos que reemplacen a los que se agotan y sostengan la producción, el empleo y los recursos fiscales. Aunque parecería razonable facilitar la búsqueda, la permisología peruana hace esperar a los inversionistas, casi como si quisiéramos darles tiempo de reconsiderar su entusiasmo. La geología tampoco facilita el desafío. Según S&P Global, la profundidad promedio de perforación para cobre en el mundo aumentó casi 50% desde el 2010. En hidrocarburos, cerca del 70% de los nuevos recursos recuperables descubiertos en el 2025 provino de aguas profundas o ultraprofundas. Estas condiciones exigen equipos, tecnología y operaciones más complejas. Es decir, hace falta comprometer más recursos antes de saber si habrá un negocio viable. Con proyectos más caros y riesgosos, los países compiten por un presupuesto de exploración limitado, y en esa competencia el Perú ha perdido terreno. Atrajimos el 4,6% del presupuesto global de exploración minera en el 2025, frente al 6,3% en el 2018. En hidrocarburos, el retroceso es más severo: pasamos de 47 perforaciones exploratorias entre el 2011 y el 2015 a apenas tres entre el 2021 y el 2025. “A Dios rogando y con el mazo dando”, dice el refrán. En el Perú, sin embargo, ponemos obstáculos incluso a quienes están dispuestos a empuñar el mazo.