La caída de la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, es una buena noticia. No porque su gestión merezca aplausos, sino porque la iniciativa nunca fue otra cosa que un intento de Juntos por el Perú por desestabilizar al gobierno a apenas dos meses de asumir el poder. Juntos por el Perú reunió la mayoría de las firmas iniciales, pero al final perdió el empuje: la moción quedó en 32 firmas, una por debajo del mínimo de 33, y se hundió sin llegar siquiera al debate ni a la votación. Está bien que otras bancadas le hayan dado la espalda. Ahora Nación, el Partido Cívico Obras y el Partido del Buen Gobierno entendieron que censurar a un ministro a los dos meses, sin una falta ética o moral de por medio y dinamitando todo plan de trabajo, era una irresponsabilidad. El propio Ricardo Belmont lo explicó sin ambages: no se puede sacar a un ministro al mes porque se destruye un plan cualquiera. Fue la decisión sensata y el Congreso merece el reconocimiento por no dejarse arrastrar por el afán desestabilizador de una agrupación que confunde fiscalización con sabotaje. Pero que la censura haya caído no significa que el gobierno haya ganado nada. Es, más bien, un llamado de atención. De Astudillo se exige lo que empezó a faltarle: acciones y resultados. Porque, aun sin censura, el balance preliminar de su sector es inquietante, y lo último que ha revelado El Comercio resulta especialmente grave.