Por Raúl Barrios Fernández Concha, presidente de la Cámara de Comercio de Lima. Mejorar los ingresos de los trabajadores es necesario. Pero hacerlo sin medir las consecuencias sobre las empresas y el empleo formal puede terminar perjudicando a quienes se busca beneficiar. La remuneración mínima vital (RMV) no puede fijarse a partir de decisiones improvisadas. Debe responder a criterios técnicos, ser previsible y considerar la realidad económica del país. En el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, empleadores y trabajadores coincidimos en la necesidad de incrementar la remuneración mínima. La diferencia está en cómo y cuándo hacerlo. Desde la Cámara de Comercio de Lima fuimos claros: el aumento debe ser gradual y responsable, considerando alas micro y pequeñas empresas, y los riesgos que enfrenta nuestra economía ante el fenómeno de El Niño. El gobierno optó por un incremento escalonado, recogiendo parcialmente esta preocupación. Pero anunciar un aumento de S/100 cuando está por entrar en vigencia no es razonable. Las empresas no pueden administrar sus costos sobre la base de sorpresas. Necesitan tiempo para presupuestar, reorganizarse y cumplir. Por eso, el primer tramo debió aplicarse, como mínimo, desde noviembre. El bono anunciado puede aliviar el impacto inicial y debe implementarse rápidamente y sin trabas. Pero no confundamos una solución temporal con el problema de fondo. El bono se acaba. El mayor costo laboral permanece.