Por Alfredo Thorne, exministro de Economía y Finanzas. Para un nuevo gobierno, es tentador “decretar” un aumento de bienestar incrementando la remuneración mínima vital (RMV). Como en las ciencias naturales, en economía existen ciertas leyes que nos impiden fijar los precios artificialmente, y si lo hacemos, tendría efectos secundarios. Los salarios dependen principalmente de la productividad de los trabajadores y fijar la RMV altera ese equilibrio. En una economía con alta informalidad como la nuestra, el aumento en la RMV hace que el equilibrio se fije en otro nivel y se priorice a los trabajadores que indican mayor productividad. Como la RMV es usualmente el salario más bajo en el mercado formal, su aumento resulta en menor empleo y algunos empleados son expulsados al mercado informal. Así, los montos dependerán del aumento de la RMV y de la productividad de la economía. Al final, solo unos cuantos se benefician de la remuneración, en vez de aumentar el bienestar del empleado. Según nuestros cálculos y sin contarlo s efectos de la demanda, solo cerca de 500.000 trabajadores, de un total de casi 18 millones, se beneficiarían de los dos aumentos programados. Lo preocupante es que esta decisión se toma cuando el mercado de trabajo se ha convertido en el mayor soporte de nuestro crecimiento económico, que viene impulsado por el aumento en la inversión privada. Es de esperar que este incremento de la inversión se traduzca en una mayor productividad, y en mejores salarios para nuestros trabajadores. Sin embargo, cuando uno revisa el mercado laboral, los salarios más altos están en las grandes empresas y los trabajadores más productivos. Por el contrario, la mayor proporción de empleos se concentra en las pequeñas empresas y con menores capacidades; esto es 12,6 millones de puestos de trabajo.