Por Pablo de la Flor, especialista en Políticas Públicas. Durante buena parte del siglo pasado, el cobre, el litio o las tierras raras se compraban y vendían como cualquier otra materia prima: el mercado fijaba su precio y el mejor postor decidía su destino. Esa época terminó. Hoy los minerales críticos son activos estratégicos, piezas centrales en la competencia entre potencias por el control de la transición energética, la industria de defensa y las tecnologías del futuro. A los gobiernos, no solo les inquieta el costo de los minerales, sino quién los extrae, quién los refina y, sobre todo, quién podría cortar su suministro. La lógica del libre comercio ha sido desplazada por la de seguridad nacional. La expresión más visible de esta politización son las restricciones comerciales. Desde el 2023, China ha adoptado distintos controles a la exportación de minerales críticos. La República Democrática del Congo impuso cuotas a sus exportaciones de cobalto, Zimbabue prohibió las de litio sin procesar, e Indonesia y Malasia vetaron la salida de minerales en bruto para forzar su transformación local. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo estima que cerca de 100 medidas restrictivas fueron adoptadas en el último lustro. El problema de fondo es que, si bien la extracción está relativamente diversificada, no ocurre lo mismo con el procesamiento. China concentra 90% de la refinación de tierras raras, más de dos tercios de la de litio y cobalto, y casi la mitad de la de cobre. Esa dependencia ha llevado a Estados Unidos, la Unión Europea y Japón a impulsar la diversificación mediante reservas estratégicas, financiamiento blando, precios mínimos, alianzas con países productores e incluso participaciones accionarias en empresas del sector.