Un crucial interrogatorio sucedió en el consulado de Perú en Miami, Estados Unidos, la mañana del último 30 de setiembre. El hombre que declaró fue Gustavo Salazar Delgado, un empresario prófugo desde hace casi diez años, acusado de triangular coimas de la empresa Odebrecht a un exgobernador del Cusco. La cita, sin embargo, no fue para hablar del hombre de negocios ni mucho menos acordar su arresto y extradición, sino para que confirme un pedido de soborno por US$ 1 millón que, según la investigación, habría provenido del fiscal Germán Juárez Atoche. Juárez Atoche no es cualquier fiscal. Consiguió las condenas contra los expresidentes Ollanta Humala y Martín Vizcarra, y producto de esos logros fue promovido este año a ser el todopoderoso coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos. A la sede diplomática llegaron desde Lima, el fiscal coordinador anticorrupción Oliver Chávez, a cargo de la indagación; Fernando Silva, abogado de Salazar; y hasta el mediático exfiscal José Domingo Pérez, como abogado de su amigo y excolega de Juárez. Perú21 estuvo en el lugar y recabó detalles del caso que puede llevar a la destitución de uno de los magistrados más importantes del país.