Por Felipe Tudela, analista financiero. Los representantes del Estado afirman que combaten la minería ilegal y la delincuencia. Algunos creen, con razón, pero con ingenuidad, que desregular la minería bastaría para que los informales e ilegales se formalicen. ¿Pero qué ocurre si una razón poderosa y oculta dificulta esa desregulación? Hay un efecto poco advertido. No se trata únicamente de que con normas razonables las empresas podrían destrabar proyectos paralizados ni de que la inversión nacional y extranjera traería capitales al país. Eso es cierto, pero secundario. Lo esencial, lo que nadie menciona, es que el gran promotor de la minería informal, de la ilegal y de la delincuencia que las acompaña es el propio Estado. ¡La ley atosiga al minero formal, no así a informales e ilegales! Estos últimos operan sin resistencia eficaz que se les enfrente. Se objetará que hay operativos policiales y militares, y que el problema radica en falta de inteligencia, equipos o una legislación que elimine trabas innecesarias. No es así. Esas medidas no atacan la raíz. El exceso normativo convierte al Estado en cómplice y socio de la minería ilegal: bloquea el acceso de la formalidad a zonas mineralizadas y entrega de facto el monopolio a los ilegales. A estos les conviene precisamente que el Estado sobrerregule y asfixie a la minería formal.