Por Jorge Zapata Ríos, presidente de Confiep. La discusión sobre las facultades legislativas que el Poder Ejecutivo requiere no debería plantearse como una medición de fuerzas, y mucho menos como un tablero para el cálculo político. Las urgencias del país son múltiples. Tenemos encima un fenómeno de El Niño con consecuencias impredecibles y una inseguridad ciudadana cada vez más desbordada y amenazante; sin embargo, siendo estos problemas apremiantes no son, ni por asomo, los únicos. Un estado que, con excepción de escasas islas de eficiencia, se encuentra francamente descompuesto y un clima para las inversiones bastante deteriorado son parte de un primer inventario de dificultades no menores. De manera que se hace imperativo iniciar la recomposición de ese Estado corroído y el relanzamiento de una política de destrabe y seguridad jurídica para las inversiones. Por otro lado, los Congresos no han sido capaces de demostrar que pueden producir normas que solucionen problemas con la rapidez que el país requiere. El más claro ejemplo es la tantas veces postergada Ley MAPE. En razón a ello, y al derecho que asiste a un gobierno –que inicia su gestión– a impulsar sus propuestas políticas es que se justifica un otorgamiento de facultades lo suficientemente amplio; práctica que, además, opera en el país hace muchos años, y ante gobiernos de distintos colores. No se puede exigir a un gobierno que resuelva problemas, negándosele, a la vez, las herramientas que requiere para hacerlo. Eso no es defensa de fueros sino evidente matemática política que podría aproximarse al obstruccionismo.
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