Nuevamente, somos testigos de una enorme paradoja en la Fiscalía. Un investigador exitoso se encuentra investigado por, presuntamente, haber extorsionado a un empresario corrupto a través de un intermediario. Según el supuesto extorsionado, le pidieron un millón de dólares a cambio de convertirlo en colaborador eficaz y cambiar así su condición en el caso. En un reportaje que Perú21 publicó el miércoles último, se contó que Germán Juárez, fiscal del equipo Lava Jato -que desenmascaró complejas y millonarias redes de sobornos en las esferas de poder en el Perú- es investigado ahora por la supuesta extorsión y por la adulteración de un documento con la rúbrica de un abogado sobre el que se ciernen múltiples sospechas. Juárez fue el magistrado del Equipo Especial que logró históricas condenas contra los expresidentes Ollanta Humala y Martín Vizcarra. Producto de esos avances en la lucha contra la corrupción, fue promovido este año a coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos. Es ciertamente paradójico que un investigador de su trayectoria termine como investigado no solo por la declaración de un acusado, sino, sobre todo, por la intervención que tuvo para justificar la presencia del abogado José Luis Pinares en la audiencia de colaboración eficaz de hace siete años. Según el acusado, Pinares fue el intermediario para la extorsión; lo grave es que Juárez mostró una urgencia y temeridad extraordinarias al haber regularizado la firma de este abogado siete años después, sorprendiendo a la fiscal que custodiaba los documentos.