Por Raúl Benavides Ganoza, director de Compañía de Minas Buenaventura. La minería ilegal del oro se ha convertido en uno de los mayores problemas económicos, ambientales y de seguridad del Perú, como he señalado anteriormente en estas páginas. Sin embargo, buena parte de los esfuerzos del Estado se concentra en perseguir al minero en el lugar donde extrae el mineral. Es necesario mirar también el otro extremo de la cadena: ¿quién compra ese oro y cómo ingresa al mercado formal?. Un reciente estudio del Instituto Igarapé, que analiza los casos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, plantea una idea sencilla pero poderosa: uno de los principales puntos de control debe ser la primera compra formal. Es allí donde un mineral de procedencia incierta puede adquirir, mediante documentos y una transacción comercial, apariencia de legalidad. En el Perú, este punto puede estar asociado a la planta de procesamiento o al primer comercializador. Y allí existe una oportunidad enorme de control. Tenemos miles de pequeños productores dispersos en territorios difíciles de fiscalizar. Pretender controlar permanentemente cada operación minera resulta complejo y costoso. Los compradores y procesadores formales, en cambio, constituyen un universo mucho más reducido, identificable y susceptible de supervisión. El Perú ya cuenta con instrumentos para hacerlo. El Ministerio de Energía y Minas administra registros vinculados a quienes comercializan y procesan oro (Repco). El problema aparece cuando registrar reemplaza a verificar. Esta diferencia es fundamental. (Edición domingo).