Por Carlos E. Gálvez Pinillos. Nos estamos acercando al cuarto de siglo de un proceso de formalización minera interminable. El último nombrecito fue REINFO (Registro Integral de Formalización Minera), aprobado por DL 1293 de diciembre 2016. Este dispositivo encargó a la SUNAT, para que, en un plazo de 120 días, reciba las inscripciones correspondientes y otorgaba 36 meses para la formalización. Esto es, que concluía el 6 de febrero de 2020. Lo cierto es, que ya se ha ampliado cinco veces y ahora está por vencer en diciembre de este año. Me alegra haber leído el anuncio del MINEM, de que no habría prórrogas y que, en cambio, el gobierno vería de promulgar la Ley MAPE (ley de Minería Artesanal y a Pequeña Escala); cosa que resulta fundamental, puesto que no podemos continuar escamoteando el cumplimiento de la Ley, permitiendo actividades económicas lucrativas sin cuidado de los derechos humanos y la seguridad de los trabajadores. Tampoco es aceptable, que alguien pueda lucrar sin tener el menor cuidado del medio ambiente, arrasando reservas naturales protegidas o destruyendo la salud de los pobladores de esas zonas. Más grave aún, resulta que se haya permitido el crecimiento de una economía ilegal, que se ha convertido en el sustento de una economía criminal que, además de hacer tabla rasa de la seguridad de trabajadores, salud del pueblo y cuidado del medio ambiente; se ha convertido en el sustento económico de organizaciones políticas criminales, que han infiltrado el Estado y lo está copando. (Edición domingo).