El Ministerio de Energía y Minas (Minem), a cargo de Guillermo Shinno, prevé presentar mañana al Congreso su propuesta de nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (ley MAPE), previa aprobación del Consejo de Ministros. La iniciativa llega contra el reloj, pues arribará a dos meses del cierre de la legislatura y a semanas del vencimiento de la última prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el 31 de diciembre. La viceministra de Minas, Mayra Figueroa, confirmó que el proyecto ya fue debatido en el Consejo de Ministros, que recibió ayer un nuevo texto con sugerencias incorporadas. La propuesta plantea dos regímenes. Uno ordinario y permanente para los formalizados, y otro excepcional, de “consolidación”, exclusivo para los inscritos en el Reinfo, vigentes o suspendidos, que regirá hasta el 31 de diciembre del 2028. Según Figueroa, quienes tengan inscripción vigente podrán seguir operando temporalmente en las coordenadas declaradas. Los suspendidos, en cambio, mantendrán esa condición: su ingreso al nuevo régimen no los habilita para trabajar. Los propios mineros informales rechazan la fórmula. La Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) afirmó que la propuesta “no tiene ni pies ni cabeza”. “De alguna manera nos da un caramelo de dos años, pero después nos aplica la fórmula y nos deja en la ilegalidad”, sostuvo su presidente, Máximo Franco Bequer. En tanto, la exfiscal ambiental Karina Garay la considera “una nueva versión del Reinfo con un nuevo nombre”. A su juicio, no garantiza la trazabilidad del oro ni el control de las plantas de beneficio, por lo que no impedirá que la minería ilegal se infiltre en la formalización. El abogado ambientalista César Ipenza coincide en que se trata de “una ampliación disfrazada”. Cuestionó que no se aborde el problema de las plantas de beneficio, que muchas veces sirven para lavar oro ilegal. “Es solamente prolongar la impunidad”, advirtió.