La lucha contra la extorsión no depende exclusivamente de las operaciones policiales o de las investigaciones fiscales. Aunque los municipios no tienen competencias para investigar ni perseguir penalmente este delito, sí cuentan con herramientas que pueden utilizar para prevenir su expansión, conocer dónde está operando y reducir las condiciones que facilitan su presencia en determinados territorios. Un estudio de Gisella Aragón y José Luis Ruiz, investigadores de la Universidad del Pacífico (UP), analiza qué pueden hacer los gobiernos regionales y locales frente a la extorsión. Dicho documento forma parte de Agenda 2026 Regional, iniciativa organizada por la UP en alianza con El Comercio que reúne 11 propuestas de políticas públicas dirigidas a las nuevas autoridades regionales y municipales. En este primer encuentro, que se llevó a cabo ayer, se expusieron dos de ellas. En la presentación, Aragón sostuvo que la cercanía de los gobiernos subnacionales con el territorio les permite desempeñar un papel que otras instituciones no necesariamente pueden asumir con la misma proximidad. Sin embargo, advirtió que para hacerlo necesitan información, capacidades institucionales y mecanismos que protejan a quienes denuncian y a los funcionarios involucrados en estas acciones.
- [El Comercio,Pág. 9] /