Una licencia de funcionamiento debe resolverse, según la ley, en un plazo de dos días hábiles. Los textos únicos de procedimientos administrativos (TUPA) de las municipalidades declaran, en promedio, unos ocho. Esa diferencia de seis días forma parte del eje norma-realidad del Mapa de Distancias de Hágase Instituto, que mide qué parte del o que la norma promete llega al ciudadano. Reducirla requiere que las entidades actualicen sus procedimientos y que el Ejecutivo ordene y supervise ese trabajo. Cerrarla exige, además, que las entidades apliquen la norma vigente y reduzcan la discrecionalidad que hoy recae sobre las empresas y los ciudadanos. El pedido de facultades era una vía para avanzar con parte de esa agenda. El 7 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó un texto acotado de 20 medidas. Quedaron fuera los cambios de mayor alcance en trámites, derechos de tramitación, régimen de barreras burocráticas y calidad regulatoria. Sin embargo, hay maneras de avanzar, pues el Ejecutivo dispone aún de distintas vías regulatorias. El inventario que el MEF compiló al cierre del gobierno anterior reúne 667 intervenciones para reducir barreras regulatorias y administrativas. De ellas, 546 (el 81,9%) se resuelven mediante decretos supremos, resoluciones ministeriales u otras disposiciones infralegales. Las 186 referidas a barreras burocráticas son todas de ese tipo y de baja complejidad, y tres sectores – Defensa, Interior, y Transportes y Comunicaciones– reúnen el 75,8% de ellas. La evidencia del In de copia punta en la misma dirección. En el 2025, eliminó o inaplicó 11.156 barreras, con un sobrecosto estimado de S /429 millones. Los ministerios impusieron 209 de ellas, menos del 2% del total, y concentraron el 69,4% del sobrecosto.