Además de las fiscalizaciones de la Sunat y la Sunafil, las empresas también tienen que padecer las que realizan las municipalidades. Decimos “padecer” pues la percepción de los negocios es que esas visitas buscan “más sancionar que orientar”, según un estudio de Ipsos para ComexPerú, publicado en agosto pasado. Esa percepción es mayor para el caso de la municipalidad correspondiente, y en empresas de todo tamaño: grande (59%), pequeña y mediana (42%) y micro (37%). Además, las fiscalizaciones municipales son las más frecuentes, alcanzando un promedio de 1.9 veces anuales, frente a una de la Sunat y 0.6 de la Sunafil. Es que la maraña de regulaciones municipales –que varían de distrito a distrito y de provincia a provincia, y que son muy cambiantes–, genera confusión en las empresas, sobre todo en mipymes, cuyas limitaciones presupuestales les impiden contratar asesoría legal y contable. Además, los municipios incumplen sus propias obligaciones, dictadas por ley. Por ejemplo, según ComexPerú, el Decreto Legislativo 1497 (promulgado el 2020) dispuso la aprobación automática en dos días hábiles, como máximo, de licencias de funcionamiento para establecimientos de riesgo bajo. Pero hasta el 2025, el promedio en todos los departamentos estaba muy lejos de lo establecido por la norma.
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