El presidente Ejecutivo de Ipsos, Alfredo Torres explica los números de la última encuesta publicada en Perú21. Advierte que el antivoto de López Aliaga es alto y sugiere que los gobernadores regionales sean puestos en la lupa del Congreso. Al preguntar por los principales problemas de los gobiernos regionales, encontramos un denominador común en todo el país: la corrupción y la falta de capacidad de gestión. ¿Qué tendría que pasar para que la corrupción deje de ser un problema recurrente en las regiones? La corrupción y el clientelismo son problemas gravísimos. Muchos candidatos postulan o son elegidos para defender intereses particulares, ya sea para enriquecerse o para atender a sectores como la minería ilegal. La corrupción, sumada a la falta de capacidad de los funcionarios, ha generado un récord de obras inconclusas, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. La población tiene claro que los gobiernos regionales deben construir escuelas, hospitales y carreteras. Cuando esas tareas se hacen mal, la gente sospecha de corrupción o de incapacidad técnica. Llama la atención que la falta de recursos económicos no aparezca entre los principales problemas de los gobiernos regionales. La percepción parece ser que sí hay recursos, pero falta la capacidad para ejecutarlos. Esa es la tragedia de las regiones. Hay plata de muchas fuentes gracias al desarrollo de la minería, el agro y la pesca, pero hay obras inconclusas. Además, el dinero se usa para llenar los gobiernos regionales de funcionarios que ingresan por razones políticas, algo que a la gente le mortifica mucho. Esto nos lleva a otro cuadro: los gobernadores que terminan no superan el 30% de aprobación. Si hubiera reelección, la mayoría no sería reelegido. Por otro lado, los ciudadanos sienten que sus autoridades no son supervisadas y demandan que el Parlamento tenga un rol fiscalizador sobre las gobernaciones. En el Congreso pasado se intentó que los gobernadores también sean interpelados, pero no se llegó a un acuerdo sobre la sanción. Al ser autoridades electas, no pueden ser censurados, pero sí deberían rendir cuentas. Me parece que los gobernadores regionales deberían acudir al Congreso, ser interpelados y que esto eventualmente se refleje en decisiones como el presupuesto que se les asigna desde el gobierno central. Hay una clara demanda ciudadana para que el Congreso fiscalice a las autoridades regionales.