A dos meses y medio de que venza el Reinfo, el gobierno de Keiko Fujimori alista su proyecto de nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (ley MAPE). En él, el Ministerio de Energía y Minas propone fiscalizar directamente las plantas de beneficio y fija un plazo de formalización de 18 meses. Según la sétima disposición complementaria del texto, al que accedió El Comercio, durante cinco años las plantas que procesen más de 25 toneladas diarias, tanto del régimen ordinario como del de consolidación, serán supervisadas por el OEFA en lo ambiental, por el Osinergmin en seguridad e infraestructura y por la Sunafil en lo sociolaboral. “El OEFA no fiscaliza la actividad de la pequeña minería ni a la minería artesanal. Tampoco el Osinergmin ni la Sunafil”, explicó la viceministra de Minas, Mayra Figueroa. Para Iván Arenas, experto en minería, la medida “es un avance”, pues las plantas de hasta 350 toneladas diarias eran vigiladas por los gobiernos regionales. “Eso era una coladera, en esas plantas no ingresaban 350 toneladas de mineral, sino más. Ahora se va a cambiar, y va a ser 25 toneladas”, señaló. El abogado ambientalista César Ipenza precisó que, desde el 2012, el Decreto Legislativo 1100 ya faculta a estas entidades a fiscalizar unidades mineras, aunque el proyecto es más específico sobre las plantas, por donde suele entrar oro ilegal que sale como legal. Sostuvo que el OEFA “debe asumir competencia inmediata”.