Prometía favorecer con gas natural a más de tres millones de personas, generar más de siete mil puestos de trabajo y recorrer mil cien kilómetros de tuberías entre Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua y Tacna. Se trataba de una obra superlativa que ayudaría a transformar la vida de millones de peruanos. El Gasoducto era un proyecto energético que empezó a gestarse en 2008 durante el segundo gobierno aprista, pero que se retomó en 2013, con el expresidente Ollanta Humala. Aquí arranca la historia. Y también, el problema. La teoría de la fiscal Geovana Mori apunta a que Humala y su esposa Nadine Heredia se coludieron con Odebrecht para que la constructora brasileña se hiciera en 2014 con el millonario contrato estimado en 7 mil millones de dólares. No se trató de una entrega gratuita, según la hipótesis, sino una retribución del humalismo a la constructora por los US$ 3 millones que aportó esta a la campaña presidencial de 2011. La investigación arrastró a 14 personas, entre ellas, varios ministros de Estado que integraban el consejo directivo de ProInversión, la entidad encargada de entregar el megaproyecto energético. Uno de esos ministros fue Luis Miguel Castilla. La fiscal Mori, miembro del equipo especial Lava Jato, pidió 29 años de cárcel para él. ¿Pero realmente hay algo concreto contra Castilla? Ni siquiera los colaboradores eficaces estrella que llegaron desde Brasil, entre ellos Jorge Barata, han realizado una imputación directa contra el ex hombre de gobierno. César Nakazaki, abogado del exministro, dijo a Perú21 que el Ministerio Público nunca presentó alguna prueba delictiva.
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