Si se lee con cuidado y en su totalidad el texto del Acuerdo de Complementación Económica (ACE) suscrito entre el Perú y Chile, se pueden encontrar disposiciones que traerían abajo los principales argumentos que fundamentan el pedido de inconstitucionalidad presentado ayer por 34 congresistas de la oposición ante el Tribunal Constitucional (TC).Aquellos que se oponen al acuerdo sostienen, por ejemplo: "El hecho que contenga un artículo sobre definición del territorio implica que se está refiriendo a asuntos de soberanía. Solo por esta razón el TLC con Chile está incurso en el artículo 56 de la Constitución y debió ser sometido a discusión y aprobación en el Congreso", según argumentó desde Ginebra el ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros.Precisamente ayer el Partido Nacionalista, además de los miembros de otras bancadas de la oposición, presentó una demanda de inconstitucionalidad al Acuerdo de Complementación Económica con Chile por considerar que se vulnera la Carta Magna, ya que no fue aprobado por el Congreso. Según la oposición, en el acuerdo comercial se abordan aspectos que violan la soberanía nacional.La réplica no se dejó esperar y llegó desde El Cairo (Egipto) donde se encuentra el canciller José Antonio García Belaunde, quien señaló que "un acuerdo (comercial) como este define el territorio exclusivamente en función del tema comercial, para señalar el origen de los productos que se van a comercializar. [...] Es peligrosísimo (lo que señala la oposición) porque en términos de nuestra demanda en La Haya significaría que cualquier acuerdo no es solo para lo que fue hecho sino que puede interpretarse de manera más general". Al respecto, la posición peruana señala que los acuerdos de 1952 y 1954 solo son pesqueros y no fijan los límites marítimos mientras que Chile asegura lo contrario.