De ahora en adelante, los jueces que autoricen el ingreso de vehículos usados sin cumplir las normas que regulan su importación podrían ser denunciados por prevaricato y destituidos, aseguró Iván Besich, presidente de la Asociación de Representantes Automotrices del Perú (Araper).Explicó que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ordena a los magistrados del Poder Judicial no autorizar la libre importación de vehículos "chatarra’ dispone, asimismo, la posibilidad de pedir la nulidad de las resoluciones judiciales que han permitido la entrada de estas unidades desde noviembre de 2008."Se estima que entre 8 mil y 10 mil autos de segunda han ingresado mediante medidas cautelares. Si bien estos ya no se pueden ser retirados del parque automotor, sí es posible demandar a los jueces que aprobaron su entrada", comentó Besich.