La ministra de Justicia,Rosario Fernández, plantea que las medidas cautelares sobre proyectos de servicios públicos no se deben solicitar en juzgados de provincias sino en los de Lima. En los últimos meses, hemos visto acciones de amparo que detienen las inversiones y justamente el Ejecutivo ha presentado un proyecto. ¿Qué se busca?Este proyecto nace en el seno de la Comisión de Alto Nivel de la Corrupción, y lo hemos aprobado entre el presidente del Poder Judicial, el del Tribunal Constitucional y mi persona. Lo que hay es un asunto grave y delicado, pues con este tipo de medidas de amparo se conspira contra la inversión y el desarrollo. Entonces, era necesario que de alguna forma se reglamentaran, y sería bueno que el Congreso rápidamente lo apruebe.¿Cuántos proyectos se encuentran paralizados por este tipo de medidas cautelares?Tenemos a Chavimochic por US$ 265 millones, DP World con lo del Muelle Norte por US$ 716 millones, Ferrocarril Sur y Oriente por US$ 63 millones, Majes-Siguas II por US$ 424 millones, infraestructura del Aeropuerto de Pisco por US$ 48 millones. En total, hay inversiones por US$ 1,516 millones que están paralizadas por medidas cautelares.
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